POLITICUS.MX

El primer presidente del comité de participación ciudadana (CPC) en sonora fue Alberto Haaz Díaz, quien cumplió acertadamente con el diseño de las bases institucionales y con la creación de los lineamientos operativos a partir de los cuales se posibilitó la organización y la funcionalidad con la que opera y se desarrolla actualmente el sistema estatal anticorrupción (SEA).

Adicionalmente, y sin desconocer que éste careció del tiempo suficiente para vincularse con la sociedad civil, debido a la temporalidad del cargo, pero sobre todo, para arropar las causas anticorrupción, es evidente que su presidencia no tuvo el reconocimiento de su esfuerzo ni la trascendencia de sus aportaciones. Tampoco la estridencia ni las luces de su eficaz desempeño.

Quienes conocemos el trabajo para construir el andamiaje y la cohesión del sistema en su conjunto, fuimos testigos de que el maestro Haaz fue, como dijo Miguel de Unamuno, el escultor y no el sastre del CPC y el SEA. Constituyo los primeros 59 comités de integración de la administración estatal. Eligieron por convocatoria abierta al secretario técnico de la secretaria ejecutiva del sistema. Realizaron junto a sus pares del CPC múltiples jornadas de difusión logrando capacitar en un año a cinco mil servidores públicos, incluyendo a los 72 municipios. Cumplió con creces, sin duda.

Sin embargo, consideramos que en honor a la verdad y dicho de manera metafórica, en lo que a enfrentar asuntos escabrosos de probable corrupción se refiere, recurrió a la estrategia pugilística del Pipino Cuevas, quien dedicaba más tiempo al calentamiento que a las peleas en el ring, aunque siempre las terminaba ganando con gancho al hígado ó a la mandíbula, todas por nocaut por cierto. Ambos se retiraron casi invictos, pero sin vítores de ningún tipo.

Algo similar sucedió con Jacqueline Peschard, primera presidenta del CPC nacional, quien se esforzó en edificar la estructura y los pilares del sistema, pero sin avanzar. Intento agarrar el toro por los cuernos, no por la cola, en los sensibles temas de la estafa maestra, pegasus y la casa blanca, mismos que involucran presumiblemente a diversos funcionarios del primer círculo presidencial anterior.

Ambas presidencias fueron acotadas por dos razones específicas: por la obvia incomodidad y el desinterés gubernamental de contar con un sistema anticorrupción serio, autónomo y eficiente; y por otra, por el origen y la presión ciudadana que el 2015 logró doblegar la negativa presidencial primero y la resistencia legislativa después, para ciudadanizar el combate a la corrupción en el país.

Finalmente ganó la perseverancia de diversas organizaciones civiles, aunque después vino el ajuste de cuentas contra el sistema en su conjunto. Se implementó una perversa dualidad para ello.

Aparentemente facilitaron la creación de los CPC y al mismo tiempo torpedearon los procesos de selección para motivar el cuestionamiento ó la impugnación ciudadana. Cierto que no impidieron ni obstaculizaron su creación, pero en cambio optaron por debilitar su nacimiento institucional. Por eso la orfandad presupuestal inicial de los CPC y el carácter non grato del sistema hasta ahora. 

Empero, la otra cara de la moneda es que en los tiempos actuales tampoco es fácil construir instituciones ni salir airoso de los cargos públicos. Los ojos ciudadanos son cada vez más vigilantes, rigurosos y exigentes. Autoridades y funcionarios están en una caja de cristal ante la sociedad.

Celebramos que así sea, como también consideramos necesario preservar y fortalecer el SNA a partir de apoyar su completa integración para brindarle la oportunidad de diseñar nuevas y mejores políticas públicas contra la corrupción y el abuso del poder en todas sus expresiones.

Mientras los ciudadanos no tomen las riendas del combate a la corrupción y la impunidad, difícilmente tendremos los resultados requeridos para suprimir las prácticas tradicionales del enriquecimiento indebido de funcionarios y gobernantes.

De allí la importancia de estimular la ciudadanización y respaldar la autonomía funcional del SNA, mismo que pese a sus limitaciones, es necesario impulsarlo para inaugurar, en serio y de adeveras, una nueva cultura de transparencia, honestidad y rendición de cuentas que en el futuro inmediato caracterice el servicio público y garantice la gobernabilidad de nuestro país.

Además que, por razones de congruencia y en cumplimiento del mayor compromiso electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde el inicio de la actual administración federal se debió privilegiar la aplicación inmediata de la nueva politica nacional anticorrupción, sin definición alguna a la fecha.

Cotidianamente se revelan delitos sin demandas ni acciones judiciales y se acusa sin pruebas, cuya inverosímil estrategia actualiza la hipótesis de apología de un delito. Preocupante realidad. 

En ese sentido, creo que después del audaz intento del rescate financiero de PEMEX por gravísimos antecedentes de corrupción, es necesario abocarse a integrar adecuadamente el SNA. Olvidan que falta el fiscal y los 18 magistrados anticorrupción. Buscan resolver las consecuencias de un mega fraude de corrupción histórica sin investigar ni sancionar a los corruptos del pasado inmediato, tal y como se comprometieron hacerlo. Invirtieron la agenda. ¿Falta de táctica ó ausencia de estrategia?

Deberían analizar la experiencia de Lava Jato en Brasil ó las múltiples investigaciones y los juicios penales por corrupción contra 19 ex presidentes en países de Latinoamérica.

En síntesis, es indispensable implementar de manera programada y no remendar ni improvisar el tema más emblemático del nuevo gobierno y de mayor interés del ciudadano como es, entre otros, mandar al diablo a la corrupción y a la impunidad, juntas.

Es la hora de la justicia y no de la retórica justicialista. No debemos soslayar que erradicar la corrupción seria, por definición, la verdadera cuarta transformación de méxico. Tan sencillo y complejo como eso.

Salud.