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¿Quién olvida su historia está condenada a repetirla? reza la frase, la pretendida reforma electoral de carácter constitucional impulsada por el presidente López Obrador, es de las denominadas de “gran calado”, en virtud de la citada reforma implicaría cambios estructurales en las elecciones, autoridades electorales y en la visión política electoral actual. En los años 2013-2014, el entonces presidente Enrique Peña Nieto, impulsó el denominado “Pacto por México”, el cual dentro de sus compromisos, específicamente el número 90, consistía en materia político electoral, donde se establecían al igual que la actual reforma de López Obrador, cambios importantes y estructurales.

El “Pacto por México”, destacaba: “Los partidos políticos requieren de un marco jurídico que genere mayor certidumbre, transparencia y estabilidad al sistema político en su conjunto. De igual forma, los procesos electorales tienen que ser más baratos y más transparentes.” Para lograr estos objetivos, principalmente era impulsar Ley General de Partidos (Compromiso 89) e impulsar una Reforma Electoral (Compromiso 90).

La reforma político electoral de rango constitucional de Peña Nieto, fue aprobada por ambas cámaras (diputados y senadores), y publicada en DOF en febrero de 2014. En este paralelismo de la reforma de Peña Nieto Vs López Obrador, lo más parecido y se considera preocupante para el gobierno federal y los partidos políticos de oposición (incluido INE), sería la "limpia" de los organismo electorales, tanto de Tribunales Electorales, Institutos Electorales y del máximo órgano electoral INE, situación o "jugada" que les salió perfectamente bien a los priistas y sus aliados, como bien se recordará fue cuando en el marco de la ejecución de los artículos transitorios de la multimencionada reforma electoral que los partidos PRI, PAN y PRD, "se repartieron el pastel", como coloquialmente se dice, pintando los tribunales e institutos electorales de rojo, azul y amarillo. 

En la actualidad el presidente López Obrador, no cuenta con los votos necesarios de los legisladores federales para que pueda avanzar su iniciativa constitucional, y lo complicado será que aplique su anunciado plan B, y presenten un nuevo proyecto de reformas políticos electorales a las leyes electorales secundarias, que no coincidan con la Constitución Política de México. 

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